Comprobación de una devolución: guía completa del procedimiento

Qué significa exactamente que le comprueben

Cuando la Agencia Tributaria decide no pagar sin más, abre un procedimiento. A partir de ese momento la situación cambia en tres aspectos que conviene entender bien.

• La carga de la prueba se desplaza. No es la Administración quien tiene que demostrar que usted no tiene derecho: es usted quien debe acreditar que sí lo tiene. El artículo 105 de la Ley General Tributaria es tajante en este punto.
• El plazo de devolución deja de correr con normalidad. El procedimiento tiene su propio calendario, y el dinero no se mueve hasta que termine.
• Aparece el riesgo sancionador. Solicitar indebidamente una devolución es una infracción tipificada, con independencia de que se llegue a cobrar o no.

Nada de esto significa que haya una acusación de fraude. La inmensa mayoría de las comprobaciones de devolución nacen de un contraste automático de datos, no de una sospecha. Pero se tramitan igual, y se pierden igual si se contestan mal.

Los tres procedimientos posibles

Antes de escribir una sola línea de respuesta hay que identificar qué procedimiento se ha abierto. Viene indicado en la comunicación de inicio, y no es un dato formal: determina qué puede pedirle legalmente la Administración y qué podrá revisar después.

La verificación de datos es la más limitada y la que más se utiliza mal: emplearla para resolver una cuestión de fondo, y no una simple discrepancia aritmética o formal, es causa de nulidad reconocida por el Tribunal Supremo. Es un argumento potente que se alega mucho menos de lo que debería. La comprobación limitada es donde se decide la mayoría de las devoluciones. La inspección es otra liga.

Qué pasa con el plazo de devolución mientras tanto

Esta es una de las cuestiones peor entendidas. La apertura de un procedimiento de comprobación no borra el plazo de seis meses ni suspende sin más el devengo de intereses. Lo que la norma permite es descontar las dilaciones que sean imputables al contribuyente, y esa imputación tiene requisitos: la Administración debe justificar por qué el retraso le es atribuible a usted y no a su propia organización.

En la práctica es frecuente que se computen como dilaciones periodos en los que la Administración no estaba esperando nada del contribuyente. Revisar ese cómputo es de las intervenciones más rentables del expediente, porque afecta directamente al importe de los intereses. Se detalla en cuándo se interrumpe el plazo.

Dónde está el campo de batalla: la prueba

Casi ninguna comprobación de devolución se pierde por una discusión jurídica. Se pierden porque no se acredita algo que sí ocurrió. El expediente probatorio suele articularse en cuatro capas.

1. La factura

   Con todos los requisitos reglamentarios. Es condición necesaria y notoriamente insuficiente. Un defecto formal suele ser subsanable; su ausencia, no.

2. El contrato y la documentación de la operación

   Pedidos, presupuestos, correos de negociación, albaranes, partes de trabajo, entregables. Documentación de la época, no reconstruida después.

3. El pago

   Justificante bancario que permita seguir el dinero. El pago en efectivo de operaciones relevantes es, en la práctica, una invitación a que se cuestione la realidad de la operación.

4. La afectación a la actividad

   Que el bien o el servicio se destinó a operaciones con derecho a deducir. Aquí es donde entran la prorrata, los vehículos y los inmuebles de uso mixto.

El desarrollo completo está en cómo probar el derecho a deducir y en la realidad de la operación.

Cómo termina y qué viene después

Frente a la liquidación caben el recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa y, después, la vía contencioso-administrativa. Elegir bien la primera de esas tres puertas ahorra meses.

Los errores que cuestan el expediente

• Contestar sin leer qué procedimiento se ha abierto. Si es una verificación de datos usada para una cuestión de fondo, hay una nulidad sobre la mesa que se está desaprovechando.
• Aportar documentación no solicitada. Abre frentes nuevos y amplía de hecho el alcance de la comprobación.
• Reconocer hechos innecesariamente. Lo que se afirma en un escrito vincula, y desdecirse después resta credibilidad ante el TEAR.
• Dejar pasar el trámite de alegaciones. Es la última oportunidad barata de corregir el rumbo. Después todo cuesta tasas, tiempo y garantías.
• Firmar un acta sin analizarla. La conformidad tiene consecuencias probatorias y reduce el margen posterior de discusión.
• No impugnar la sanción por separado. Que la liquidación sea correcta no implica que la sanción esté bien motivada, y la falta de motivación de la culpabilidad es la causa de anulación más frecuente.

Están desarrollados en errores que cuestan la devolución y la razón de fondo, en por qué conviene estar asesorado.