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Procedimiento de comprobación limitada: el más habitual
Aquí se decide la mayoría de las devoluciones. Tiene límites claros, un plazo de caducidad de seis meses y un efecto preclusivo que, bien aprovechado, protege al contribuyente en el futuro.
Qué puede hacer la Administración
- Examinar los datos consignados en las declaraciones y los justificantes presentados o requeridos.
- Examinar los datos y antecedentes que obren en poder de la Administración.
- Examinar los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria, incluidos los libros registro del IVA, y las facturas o documentos que sirvan de justificante.
- Requerir a terceros información sobre movimientos financieros concretos, con los requisitos previstos, aunque no puede solicitarse información sobre movimientos financieros con carácter general.
Qué no puede hacer
Con la salvedad de que el obligado la aporte voluntariamente, y con el alcance limitado que la ley prevé. No puede exigirse su exhibición.
Salvo en los supuestos legalmente previstos. No hay visitas al domicilio como en la inspección.
La liquidación es siempre provisional, aunque con el efecto preclusivo que se explica más abajo.
Aportar voluntariamente la contabilidad tiene consecuencias. No es una cortesía sin coste: amplía el material sobre el que la Administración puede trabajar. Conviene decidirlo con criterio.
El plazo y la caducidad
El procedimiento debe concluir en seis meses desde la notificación de su inicio. Transcurrido ese plazo sin resolución, se produce la caducidad, con dos efectos relevantes: las actuaciones realizadas no interrumpen la prescripción y no se consideran requerimientos a efectos de excluir la regularización espontánea.
La Administración puede iniciar de nuevo el procedimiento si el derecho a liquidar no ha prescrito. Pero en expedientes con cierto recorrido, ese «si» es precisamente la cuestión. Está en caducidad y prescripción.
El efecto preclusivo
Dictada la resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración no podrá efectuar una nueva regularización sobre el mismo objeto salvo que en un procedimiento posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución.
Es una protección real para el contribuyente, y por eso importa que la resolución especifique con precisión qué se ha comprobado. Una resolución que delimita bien el objeto cierra esa puerta; una resolución vaga la deja entreabierta.
Por qué conviene una resolución precisa
Comprobación limitada sobre la devolución de IVA del ejercicio, con alcance sobre las cuotas soportadas deducidas.
| Resolución que especifica qué facturas y qué conceptos se han examinado | Protege frente a nueva regularización |
| Resolución genérica sin especificar | Deja margen a la Administración |
| Conviene solicitar expresamente la delimitación del objeto comprobado | — |
Cómo se defiende
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Verificar el alcance
Qué conceptos y periodos abarca. Todo lo que quede fuera no puede ser objeto del procedimiento sin ampliación notificada.
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Contestar el requerimiento con precisión
Aportando lo pedido y solo lo pedido, con un escrito que fije la posición. Véase el requerimiento.
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Construir la prueba
Factura, contrato, pago y afectación. Los cuatro niveles de la prueba del derecho a deducir.
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Alegar contra la propuesta
Es el momento clave y el último barato. Véase propuesta y alegaciones.
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Controlar el plazo
Seis meses desde la notificación del inicio. Si se superan, hay caducidad que alegar.
Comprobación limitada
Me piden la contabilidad. ¿Estoy obligado a darla?
En un procedimiento de comprobación limitada no puede exigirse la exhibición de la contabilidad mercantil. La ley contempla que el obligado la aporte voluntariamente, con un alcance limitado, pero es una decisión suya. Antes de hacerlo conviene valorar qué aporta y qué expone, porque no es un trámite neutro.
¿Pueden ampliar el alcance a otros periodos?
Sí, pero debe notificarse expresamente la ampliación del alcance con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones. Una ampliación de facto, sin esa notificación, es un defecto procedimental que conviene señalar. Por eso importa tener claro desde el principio cuál era el alcance comunicado.
La resolución no dice exactamente qué se ha comprobado. ¿Importa?
Bastante, porque el efecto preclusivo protege frente a nuevas regularizaciones sobre el objeto comprobado, y ese objeto lo delimita la resolución. Una resolución imprecisa reduce la protección. Es razonable solicitar en alegaciones que la resolución especifique con claridad qué elementos han sido objeto de comprobación.
El procedimiento ha superado los seis meses. ¿Qué hago?
Alegar la caducidad, con el cómputo documentado desde la notificación del inicio. La caducidad debe declararse y sus efectos son relevantes: las actuaciones no han interrumpido la prescripción. Si la Administración reinicia después, habrá que comprobar si el derecho a liquidar sigue vivo.
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