Devoluciones de impuestos en España: guía completa para empresas

Qué es una devolución tributaria

Una devolución tributaria es el reintegro de una cantidad que ha llegado a las arcas públicas y que, aplicando correctamente la normativa, no debía quedarse allí. Puede tratarse de dinero ingresado de más, de pagos a cuenta que superan la cuota final o del mecanismo ordinario de un impuesto que, como el IVA, funciona por diferencias entre lo repercutido y lo soportado.

Conviene retener una idea desde el principio: la devolución no es un favor ni una gracia administrativa. Es la contrapartida de un sistema en el que el contribuyente adelanta dinero —mediante retenciones, pagos fraccionados o IVA soportado— antes de saber cuál será su cuota definitiva. Si adelantó de más, el exceso vuelve. Con intereses, si vuelve tarde.

Las tres clases de devolución que la ley distingue

La Ley General Tributaria separa tres figuras que en la conversación cotidiana se mezclan. La distinción no es académica: determina el plazo, el momento en que empiezan a correr los intereses y la vía por la que se reclama.

La segunda columna de intereses es la que marca la diferencia económica. En un ingreso indebido de hace tres años, los intereses corren desde el ingreso; en una devolución ordinaria, solo desde que se agotó el plazo de seis meses. Calificar bien la solicitud puede valer miles de euros. Está desarrollado en tipos de devolución tributaria.

Devoluciones por impuesto

Cada tributo tiene su propia mecánica. Estas son las que generan volumen en el ámbito empresarial.

• IVALa reina de las devoluciones empresariales: mensual con REDEME o anual en el último periodo.
• Impuesto sobre SociedadesCuando los pagos fraccionados y las retenciones superan la cuota del ejercicio.
• IRPFEmpresarios individuales y profesionales con retenciones superiores a la cuota.
• IRNRExceso de retención sobre el tipo que fija el convenio de doble imposición.
• Impuestos especialesExportación, envío a otro Estado miembro y usos exentos, con oficina gestora propia.
• Tributos localesIBI, IAE, ICIO, plusvalía municipal y tasas, cada ayuntamiento con su procedimiento.

Cómo se tramita una devolución

El procedimiento arranca solo, sin necesidad de instancia adicional: presentada la autoliquidación con resultado a devolver, la Administración queda obligada a examinarla. A partir de ahí caben tres caminos.

1. Devolución directa

   La Administración contrasta los datos declarados con los que ya obran en su poder y, si todo cuadra, acuerda la devolución y ordena el pago. Es el escenario deseable y, en devoluciones pequeñas y recurrentes, el más frecuente.

2. Requerimiento previo

   Antes de decidir, la Administración pide documentación. Ese requerimiento puede ser un simple contraste puntual o el inicio formal de un procedimiento de comprobación. Distinguirlo es la primera decisión técnica del expediente.

3. Procedimiento de comprobación

   Verificación de datos, comprobación limitada o inspección. El plazo de devolución se ve afectado, la carga de la prueba se desplaza al contribuyente y aparece el riesgo de liquidación minorada y de sanción. Es el terreno de la comprobación.

Las cuatro formas en que termina el procedimiento

• Acuerdo de devolución. Lo normal cuando el expediente está en orden. Se ordena el pago y, si procede, se liquidan intereses.
• Caducidad. Si transcurren seis meses sin resolución en un procedimiento de gestión, caduca. Y lo actuado no interrumpe la prescripción, lo que a veces es la mejor noticia del expediente. Véase caducidad y prescripción.
• Inicio de otro procedimiento. La devolución se absorbe en una comprobación limitada o en una inspección, que decidirá sobre ella.
• Liquidación provisional. La Administración reconoce una devolución menor a la solicitada, o ninguna. Es el escenario que hay que impugnar, y del que se ocupa devolución minorada.

Qué puede salir mal

Una devolución solicitada no es una devolución cobrada. Estos son los tropiezos habituales, ordenados por frecuencia real más que por gravedad.

La conclusión práctica es que la mayor parte de los problemas se resuelven antes de presentar, no después de que llegue el requerimiento. De ahí que la revisión previa sea, en términos de coste-beneficio, la intervención más rentable de todas.